La reunión que miembros de la Plataforma de Afectados de la PO-531 tenían previsto mantener hoy en Santiago para abordar el proyecto de la glorieta de Curro fue aplazada hasta el próximo lunes. El encuentro se celebrará el día 26, a las 10 horas, en la Delegación Provincial de la Consellería de Política Territorial, según confirmó ayer a Radio Voz el presidente del colectivo, Manuel Corredoira.

El encuentro será con la delegada provincial, Isabel Domínguez, y el autor del proyecto de la glorieta. Al parecer, los representantes de la Xunta trasladarán a los vecinos el proyecto ya modificado de la rotonda. Según Corredoira, la propuesta que le mostrarán contempla la ejecución de una glorieta en superficie y no a distVecinos, políticos de Barro y comuneros expresaron en la asamblea celebrada el martes por la noche en el pabellón de Curro su oposición al proyecto inicial de la rotonda.

El pabellón de Curro, en Barro, albergó ayer por la noche una reunión para analizar el proyecto de la glorieta a distinto nivel prevista por la Consellería de Política Territorial en la PO-531 a la altura de Curro, cerca de la iglesia. A la cita, que al cierre de esta edición no había terminado, asistieron unos ciento cincuenta vecinos. Residentes, políticos de todos los partidos de Barro y comuneros de la parroquia expresaron su rechazo a esta rotonda. Afirman que su diseño a distintos niveles de altura supondría un gran impacto, dada su proximidad a la iglesia y a una zona muy urbanizada.

Intervinieron el presidente de la plataforma de la PO-531, Manuel Corredoira, el alcalde, el popular José Antonio Landín, y miembros del BNG y del PSOE. Ayer no estaba prevista la adopción de movilizaciones, a la espera de una reunión fijada para este viernes con el director xeral de Obras Públicas, el autor del proyecto y la delegada de Política Territorial.

Antes de la asamblea, el BNG hizo pública su postura. Su portavoz, Xosé Manuel Fernández Abraldes, considera que el proyecto de la glorieta tiene que ser modificado. Además de proponer que se construya a nivel del suelo, enumeró otras sugerencias.

Las iniciativas del Bloque pasan por impedir el tráfico pesado de los polígonos industriales hacia el núcleo de Curro con la construcción de una conexión desde la zona del parque hacia el enlace que va a conectar todas las vías de alta capacidad hacia la A-57 y la AP-9; la mejora de la seguridad vial en el tramo de la carretera vieja en el lugar de Outeda; y que se suprima la vía de servicio prevista a la derecha de la glorieta desde la carretera de Vilagarcía al tramo de la vía vieja.

Muy fino va a tener que hilar la Consellería de Política Territorial para evitar nuevas movilizaciones de los vecinos de Curro. Cuando el conflicto abierto por el proyecto de ampliación de la PO-531 que une Pontevedra y Vilagarcía parece en vías de solución, se abre un nuevo frente de oposición vecinal, en esta ocasión por este enlace viario previsto para esta carretera en dicha parroquia.
Y es que el acuerdo tomado la pasada semana por el Consello de la Xunta en el que se declara la urgente ocupación de terrenos para la construcción de una rotonda ha supuesto la instalación una auténtica bomba de relojería a punto de estallar entre los vecinos. Éstos están ya moviendo ficha para tratar de paralizar una obra que, según indican, supondría colocar una rotonda de varios niveles en el medio de un importante núcleo de población.
La primera medida ha sido convocar una asamblea que tendrá lugar el martes a las 21,00 horas, en la que decidirán cuáles son las medidas que hay que tomar para “intentar parar el proyecto” y abrir un proceso de diálogo, según explicaba el presidente de afectados de la ampliación de la PO-531, Manuel Corredoira.
Está previsto que se ejecute como complemento del macroenlace previsto para conectar la autovía de O Salnés, la A-57 (circunvalación de Pontevedra) y la futura autovía a Vilagarcía. Permitirá conectar la PO-531 con este enlace viario y estará situada cerca del cruce que en la actualidad une la PO-531 con la AP-9, y dará también servicio al polígono de Barro-Meis. Asimismo, pretende resolver el acceso de los vecinos de la localidad, ya que el otro macroenlace previsto se limita a intercomunicar los viales de alta capacidad que atraviesan la zona.
No obstante, los vecinos plantean que la rotonda, tal y como está concebida, puede acabar con el pueblo. Estaría ubicada a la altura de la iglesia Santa María de Curro, en una zona bastante poblada. “Alí facemos a festa, por alí pasan teñen que cruzar nenos todos os días, pasa a xente que vai a misa…” explica el presidente de la Plataforma. Corredoira avisó de que “hai uns 30 ou 40 anos xa se anulou este tramo da carretera entre Pontevedra e Vilagarcía e se fixo unha variante pola gran cantidad de accidentes que había. Unhas 30 ou 40 personas faleceron aquí e agora, se volven a meter os 20.000 vehículos que pasan por esta carretera por aquí, non sei que vai pasar…”.
Otra cuestión que sorprendió a los vecinos es la rapidez con la que se han producido todos los acontecimientos. El jueves el acuerdo era adoptado por el Consello de la Xunta y el mismo viernes varios técnicos y operarios realizaban mediciones sobre el terreno para construir este enlace viario. Por este motivo, están convencidos de que deben reaccionar cuanto antes.
Corredoira ya ha hablado con los representantes de los 3 grupos políticos y los ha invitado a la reunión del martes. Sigue siendo partidario de abrir primero diálogo con la delegada de Política Territorial (quien ya visitó con él la zona afectada el viernes). Sin embargo, tal y como están los ánimos, cree que las movilizaciones son casi inevitables.

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, escenificaron ayer el fin del reiteradamente denunciado «apagón inversor» en materia de infraestructuras en el municipio. La firma del convenio para cofinanciar el puente de As Correntes y la complicidad que se esforzaron por demostrar ambos políticos en su comparecencia pública, pusieron de manifiesto un cambio de rumbo en las relaciones entre las dos instituciones.

Política Territorial aportará tres millones a la construcción del nuevo viaducto, que ya se encuentra en período de licitación de proyecto y obra con un presupuesto de 7,2 millones. Pero con ser importante, la firma del convenio fue lo que menos atención recabó de la larga rueda de prensa de Caride y Lores.

La conselleira no desaprovechó la ocasión de referirse a otros proyectos en marcha en el entorno de la ciudad del Lérez. Por ejemplo, la mejora de la PO-531 en su tramo entre Pontevedra y Curro, que ha generado un enorme rechazo vecinal y político. «Gustaríame tranquilizar aos veciños dese tramo da PO-531 -indicó Caride-. En breve se lles informará dos cambios introducidos nese proxecto, pero quero tranquilizalos no senso de que son uns cambios que reducen sustancialmente as afectacións propostas no proxecto inicial».

La titular de Política Territorial subrayó que el proyecto pretende mejorar la capacidad y la seguridad de esta vía que constituye el primer tramo entre Pontevedra y Vilagarcía. Y resumió que una vez analizadas las legaciones que han sido presentadas, «imos incrementar a seguridade viaria e a capacidade nos tramos donde non existen vivendas aos lados; e melloraremos a seguridade viaria nos tramos onde temos carga de poboación aos lados».

Caride calificó este proyecto como «clave para mellorar as comunicacións de Pontevedra con Vilagarcía». Y añadió que se complementará con el nuevo nudo de Curro, que conectará la futura A-57 con la AP-9 y la autovía a O Salnés y que ya ha sido sometido a exposición pública; y con la autovía Curro-Baión, «un tramo totalmente novo que executará a Xunta».

Al hilo de las diferentes protestas vecinales que surgen por proyectos de carreteras, la conselleira pidió a los afectados y a los alcaldes «que non esquezan cal é o obxectivo da maioría das nosas accións, que é facer as estradas máis seguras». Recordó que Galicia «ten un nivel de accidentabilidade que non nos podemos permitir e no que temos que traballar responsablemente todos».

La Xunta aprobó la “urxente ocupación de bens” para la construcción de la glorieta del enlace de Curro, que dará servicio a la PO-531. Con ello, se verán afectadas un total de 112 propiedades, entre las que se encuentran las canteras de Meis, con lo que 38 trabajadores se quedarían sin empleo. El Consello de la Xunta declara estos terrenos como de “utilidade pública” y se dispondrá a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la construcción de esta glorieta de regulación del tráfico a distinto nivel, que sustituirá el actual cruce.

La Subdelegación del Gobierno había anunciado sanciones tras el corte de tráfico en A Barca y ayer comenzaron a llegar a los domicilios de los afectados. Así, Manuel Corredoira, presidente de la plataforma vecinal que se opone al desdoblamiento de la PO-531, recibió un aviso de que se tramita una sanción contra él de 3.000 euros.

La Subdelegación del Gobierno sostiene que Corredoira daba instrucciones en la manifestación vecinal que provocó el corte en el nudo de A Barca el pasado día 1, el cuarto de los protagonizados por el colectivo. Asegura además que el presidente de la plataforma era quien disponía el principio y el fin de la interrupción.

Corredoira se mostró ayer sorprendido por la decisión de la Subdelegación y señaló que responde a una denuncia de la Guardia Civil. El líder vecinal señaló que se mantuvo «apartado» del corte y que solo intervino para apaciguar ánimos cuando un guardia civil se metió en medio de los vecinos y se vivieron momentos de tensión.

«Non é certo o que di a Subdelegación», indicó el presidente de la plataforma PO-531, quien había ofrecido su nombre y su carné de identidad, así como su teléfono a las Fuerzas de Seguridad tras intervenir para calmar a los vecinos en un momento en el que la tensión con las Fuerzas de Seguridad amenazaba con derivar en enfrentamientos físicos.

Las acusaciones están contenidas en varios folios en los que se cifra en 300 personas los participantes en el corte y se señala que se produjeron retenciones que afectaron a la AP-9 (con problemas de salida en el nudo de A Barca), así como a las avenidas del Uruguay y de Buenos Aires. También se señala que se vio afectada la calle Domingo Fontán y el acceso a Pontevedra, desde Poio y la carretera de Sanxenxo, que pudo efectuarse por la AP-9.

Recurso y entrevista

Corredoira anunció ayer que redactará sus alegaciones en los próximos días y que solicitará una entrevista al subdelegado del Gobierno para abordar este asunto. El líder vecinal, que ayer acudió a la Subdelegación para dar cuenta de la suspensión de movilizaciones tras conceder los vecinos una tregua a la espera de la reforma del proyecto inicial, subrayó igualmente que en la manifestación de Curro había intervenido decisivamente en contra del corte de la carretera.

En base a estos antecedentes, dijo que no entendía la decisión de tramitar una sanción de 3.000 euros cuando por los incidentes sufridos por el alcalde de Poio, tras el polémico pleno de los realojos, se propusieron sanciones de 1.500.

Vecinos afectados por la reforma de la carretera PO-531 Pontevedra-Curro exigen que los cambios prometidos por Política Territorial en la reunión de Santiago se plasmen en planos. De momento, mantienen la marcha prevista para hoy, a partir de las 20,30, por el arcén de la carretera entre la ITV de Curro, A Devesa y Campañó.

Fuentes vecinales precisaron ayer que no se trata de un corte de tráfico como en ocasiones anteriores y que no se llevará adelante la movilización sorpresa que estaba prevista en A Devesa. No obstante, la marcha ralentizará el intenso tráfico que a esa hora circula por el vial.

Antes de que dé comienzo, el presidente de la plataforma de afectados, Manuel Corredoira, explicará los avances logrados en Santiago y los vecinos se pronunciarán sobre las movilizaciones previstas. De momento, el colectivo tiene luz verde de la Subdelegación para otras dos marchas, además de la convocada para hoy.

Según Corredoira, el compromiso pasaría por no tocar los negocios ni las casas (salvo una o dos). Además, desaparecería la mediana central y las vías de servicio, salvo en tramos despoblados. Habría además alguna rotonda, pero sin afectar tanto a las casas. Se trataría en definitiva de dar «un diseño urbano» a la PO-531 con zonas de aparcamiento donde antes iban vías de servicio.

La delegada de Política Territorial, Isabel Domínguez, confirmó que se están estudiando todas las sugerencias para «tratar de hacer compatible el uso de la carretera y la seguridad del tráfico con los usos residenciales». Se trata, según la delegada, de aminorar los efectos de la reforma, si bien «es muy pronto para decir» que no va a haber afección sobre casas. La delegada espera que el proyecto reformado esté listo en el plazo de dos meses, si bien es posible que la revisión requiera algunos días más.

La Consellería de Política Territorial revisará el proyecto de ampliación de la PO-531 que une Pontevedra y Vilagarcía (en su tramo entre la capital y Curro) para “introducir algunas modificaciones después de haber estudiado algunas de las alegaciones presentadas por los afectados”, según confirmaron ayer fuentes de este departamento autonómico.
Esta es la principal conclusión de la reunión que ayer mantuvieron en Santiago miembros de la Plataforma de afectados por esta obra y el director xeral de Obras Públicas, Manuel Morato, la delegada provincial de Política Territorial, María Isabel Domínguez, y el ingeniero encargado del proyecto. El encuentro se prolongó durante más de dos horas y en él los altos cargos de la Xunta transmitieron a los afectados su intención de introducir cambios en el planteamiento inicial de esta infraestructura a raíz de las aportaciones vecinales. Lo que todavía no concretó la Xunta es hasta dónde llegarán estas modificaciones en el proyecto.

Carácter urbano para el vial
No obstante, según precisó Manuel Corredoira, presidente de la Plataforma de afectados, la “predisposición” de los altos cargos de la Xunta es a “atender todos los cambios que les pedimos” y convertir esta carretera (una de las que cuenta con mayor densidad de tráfico en la provincia) en un vial de “carácter urbano, con espacios para aparcar en donde sea posible, con aceras” y, sobre todo, “eliminando las vías de servicio que provocaban la división parroquial” y que era una de las principales reivindicaciones de los núcleos de población de los municipios Pontevedra y Barro afectados por el proyecto.
Fuentes de Política Territorial confirmaron ayer que en cuanto estén listas las modificaciones que se llevarán a cabo atendiendo a las alegaciones de los vecinos, el proyecto definitivo volverá a ser expuesto a los afectados para que expresen su opinión al respecto. Corredoira confirmó este extremo y añadió que, en principio, el plazo que se marca la Consellería para llevar a cabo esta revisión es de dos meses. Los vecinos aseguran que una vez que les presenten las modificaciones, deberán decir “si nos valen o no” los cambios introducidos por los técnicos.
La reunión de ayer en Santiago ha dado un giro completo al conflicto abierto por el desdoblamiento de la carretera a Vilagarcía.

Satisfacción
Los afectados salieron “muy satisfechos” del encuentro con los cargos de Política Territorial. No obstante, esperarán a conocer cual es el proyecto definitivo antes de echar las campanas al vuelo. “Mostraron una buena predisposición, pero nunca se sabe. Allí nos dijeron que iban a hacer todo lo que les pedimos. Ahora hay que ver si es que finalmente es así”, afirmó Manuel Corredoira.

Las movilizaciones que en adelante organicen los afectados por la reforma de la PO-531 contarán con autorización gubernativa. La plataforma vecinal solicitará permiso a la Subdelegación del Gobierno, para realizar cada viernes una marcha por el arcén de la carretera. Esta es la propuesta que ayer llevó el presidente del colectivo, Manuel Corredoira, a una reunión de la junta directiva.
Además, se solicitarán entrevistas con los alcaldes de Pontevedra y Barro, así como con los grupos municipales de ambos municipios. La reunión más inmediata será con el alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, previsiblemente mañana.
Posteriormente se irán organizando reuniones con los diferentes partidos políticos, pero con la participación de los concejales de ambos municipios.
En cuando a las movilizaciones más inmediatas, Corredoira planteó la organización de una marcha por las márgenes de la carretera en el tramo de A Devesa el viernes 18 de abril. Será un recorrido de unos dos kilómetros de ida y otros tantos de vuelta por el arcén de la carretera.
La siguiente manifestación propuesta será el viernes 25 de abril, en esta ocasión en la parroquia de Campañó; mientras que el viernes 2 de mayo sería por el tramo de Curro, en Barro. De esta forma se tratará de acudir a cada una de las parroquias afectadas por el proyecto.
En adelante, se organizarían otro tipo de movilizaciones que la propia asamblea de vecinos proponga. Manuel Corredoira dejó claro que sus propuestas tienen que ser refrendadas por el colectivo y que éste puede plantear acciones alternativas.
Con autorización previa
Por otra parte, el presidente recordó que todas las medidas de protesta se tendrán que organizar conforme a la ley y con autorización previa. En caso de que se realicen acciones espontáneas e ilegales, Corredoira dimitiría de su cargo.
El portavoz vecinal advierte que el malestar y la indignación es cada vez mayor en los núcleos afectados, lo que podría desencadenar medidas de coacción que la plataforma no respalda.
Corredoira criticó nuevamente el silencio de la Consellería de Política Territorial, a pesar de que su delegada provincial, Isabel Domínguez, había prometido que le telefonearía para informarle del resultado de las reuniones mantenidas en Santiago en las últimas semanas.

El máximo dirigente de la plataforma vecinal que se opone al desdoblamiento de la PO-531 no quiere que las protestas se realicen al margen de la legalidad. Manuel Corredoira amenaza con abandonar la presidencia de la entidad si no se cumple con el requisito de la comunicación previa.

El presidente de la plataforma ya amenazó con dimitir después de que algunos de los manifestantes planteasen cortar el tráfico en Curro el pasado viernes. Solo unas horas antes, el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, había advertido que habría sanciones de 3.000 euros para los manifestantes que fuesen identificados protagonizando cortes de tráfico. A lo largo del fin de semana, varios vecinos llamaron a Corredoira o se trasladaron a su domicilio para pedirle que siguiese al frente de la plataforma vecinal. Ayer, a lo largo de toda la jornada, seguían los contactos. A la hora de redactar esta información, el presidente de la plataforma parecía inclinarse por seguir al frente de la entidad, si bien no se espera que haya decisión definitiva hasta hoy por la tarde. Corredoira exigirá, en todo caso, que se cumpla con la obligación legal de comunicar a la Subdelegación del Gobierno cualquier manifestación en la carretera o en otro lugar antes de que se realice y con los plazos que marca la normativa en vigor. Una vez recibida esta comunicación, la Subdelegación puede prohibirla -si se considera que responde a un fin ilícito- o variar su recorrido. Puede incluso ordenar cortes o desvíos de tráfico pata que la protesta discurra pacíficamente por una determinada vía. Corredoira señala además que Política Territorial debe aportar soluciones y no reducir el problema exclusivamente a un asunto de orden público antes de que el conflicto pueda agravarse. De momento, el líder de la plataforma asegura que esta entidad ha suspendido cualquier concentración para hoy y que, si se produce, será protagonizada por otro colectivo. Inicialmente, los vecinos habían decidido realizar protestas todos los martes y viernes.

El silencio de Política Territorial sobre la modificación del proyecto de la PO-531 (entre Vilagarcía y Pontevedra), está acrecentando el malestar de los vecinos y afectados de las parroquias por las que discurre el vial. Esa es la razón por la que -según el portavoz del colectivo, Manuel Corredoira- cada vez son más las personas que acuden a los actos de protesta contra la ampliación de la calzada.
A los vecinos les “indigna” la “falta de diálogo” y el “desprecio” que según Corredoira muestra la consellería. Por eso el colectivo de afectados solicitará un pronunciamiento de los grupos políticos gallegos sobre su reivindicación, así como la intervención de los alcaldes de Pontevedra y Barro en el conflicto. “Que digan algo e que interveñan ante a consellería”, reclamó Corredoira.
Este silencio de la Xunta supone “un peligro para todos”, manifestó el portavoz de los afectados, quién asegura que cada vez son más los vecinos molestos con la actitud de la consellería, lo que puede desembocar en reacciones “que nadie desea”. Corredoira recordó que si en las primeras movilizaciones era un pequeño grupo de personas el que acudía a las convocatorias de la plataforma, en la protesta del pasado viernes “eran ochocientas o mil, y esto sigue creciendo”.
Al margen de reclamar la intervención de los representantes directos de los vecinos (alcaldes y grupos municipales), los afectados están dispuestos a continuar con las movilizaciones de protesta contra el proyecto vigente. Si en la movilización del pasado viernes se detuvo el conato de corte de tráfico en la carretera, por la advertencia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra respecto a que no permitirá acciones de protesta ilegales, este tipo de actuaciones se repetirán pero cumpliendo las exigencias legales. Así, las nuevas protestas se comunicarán con diez días de antelación a las autoridades, como exige la ley.
Reunión
En una reunión que prevén mantener hoy los principales portavoces de la plataforma de afectados, se estudiará solicitar autorización para estas protestas. Los vecinos se evitarán así las sanciones administrativas anunciadas por el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, en caso de no seguir los cauces legales.
La propuesta que llevará el presidente del colectivo a la reunión es fijar el viernes de cada semana como día de movilizaciones en la carretera, cada semana en un punto, si bien también se estudiarán otras alternativas.
Por otra parte, el presidente de la plataforma, Manuel Corredoira, asegura haber recibido numerosas solicitudes de sus vecinos e incluso de otros colectivos para que continúa al frente de la asociación, a pesar de la amenaza de dimisión que realizó el pasado viernes, condicionado por los desacuerdos mostrados en la protesta celebrada en Curro, donde un grupo de vecinos optó por cortar la vía en contra de la opinión del presidente y de su directiva.
Corredoira reaccionó dimitiendo en el acto, si bien el apoyo demostrado por numerosos vecinos y empresarios de la zona le han hecho replantearse la decisión en los días posteriores.