La regularización catastral de Hacienda llega en 2017 a Pontevedra y a cinco concellos más
EL MINISTERIO INCLUYE A LA CAPITAL, BARRO, COTOBADE, CUNTIS, A LAMA Y SANXENXO EN EL POLÉMICO PROCESO INICIADO EN 2013 QUE DISPARÓ YA EN UN 52% EL VALOR DE LAS PROPIEDADES RÚSTICAS
El Ministerio de Hacienda inició en 2013 puso en marcha la denominada “regularización catastral”, un proceso mediante el cual se emprendió una campaña para localizar bienes ocultos al fisco, pero, además, incluir en el Catastro todas aquellas construcciones auxiliares del sector agrícola, en el rural, que hasta ahora estaban exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), beneficio que desaparece con esta medida. Así, este proceso ya ha implicado un aumento del 52% en el valor de los propiedades rústicas para cobrar ese tributo, que ingresan directamente los concellos.
Hace unos meses, el gobierno local de Pontevedra anunciaba que “algún día ” esa regularización llegaría a la capital. Y ese día ha llegado. El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado una resolución, fechada el pasado 20 de diciembre, en la que detalla los municipios que se someterán a la regularización catastral desde hoy mismo y hasta el 30 de noviembre de 2017. La relación incluye 19 concellos de la provincia, entre ellos Pontevedra y otros cinco de la comarca: Barro, Cotobade, Cuntis, A Lama y Sanxenxo, El resto son Vilagarcía, Valga, Cambados, Meaño, Crecente, A Estrada, Forcarei, Gondomar, Oia, Porriño, Rodeiro, Salvaterra y Tui.
Más ingresos municipales
Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización express en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula el IBI han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados. Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se nota con más incidencia en el rural, con gran malestar de los afectados, ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9%.
Granjas, invernaderos, hórreos o establos entrarán en este proceso, que el ministerio niega que se trata de una revisión y habla, por contra de un “plan de lucha contra el fraude”. Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de “cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro” y se analizan las edificaciones rústicas porque “es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones”, que se incorporan a la relación catastral a medida que se realizan revisiones.
Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota, si bien Hacienda aclara que las arcas del Estado no registrarán un aumento de recaudación y cada concello puede decidir el coeficiente que aplica, e incluso bonificaciones.
Hasta ahora este proceso ya ha afectado al menos a unos cuarenta municipios de la provincia. Hacienda ya enviado en 2016 al menos dos comunicaciones al Concello de Pontevedra avisando de sus intenciones. En el caso de la capital sería una segunda campaña del Catastro, después de la actualización realizada por Hacienda en los últimos meses, por la cual los valores catastrales se elevaron en un 10% con respecto a los del ejercicio anterior.
No obstante, ese aumento no repercutiría, en principio, en los recibos anuales toda vez que desde el ejercicio de 2016 se anula una subida del mismo porcentaje que se aplicaba desde 2013.
El plan rural que ahora tiene en marcha el ministerio establece que propiedades como galpones, naves agrícolas, invernaderos, hórreos, establos, cobertizos y otras construcciones auxiliares pasarán a tributar por el IBI, pero el ministerio aclara que “en modo alguno se valorarán como una primera vivienda. Será inferior y nunca como la residencia habitual. En todo caso, Unións Agrarias ya ha advertido de que la inclusión de esos elementos supondrá un “aumento ficticio del patrimonio” de los ciudadanos, lo que repercutirá, de entrada, en el cómputo patrimonial a la hora de solicitar becas.
Unións Agrarias ya denunció en su día los efectos de lo que definen como “catastrazo” ante el elevado número de galpones y estructuras similares existentes en Galicia. Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: desde la más baja del 0,3% del valor de la propiedad a la más alta de un 0,9%. Desde la organización agraria alertan de que la revisión catastral elevaría los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica.
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