El BNG sacó ayer la artillería electoral para disparar contra uno de los principales bastiones de poder que conserva el Partido Popular en Galicia: la Diputación de Pontevedra. El portavoz nacionalista en la institución provincial, César Mosquera, arremetió contra el gobierno de Rafael Louzán, al que acusó de una gestión deficiente en la tramitación del polígono industrial de Barro-Meis. El Bloque cifra en diez millones el agujero que deja ya el macroproyecto industrial en las arcas provinciales.

El precio fijado para las expropiaciones y el coste del abastecimiento de agua al polígono estarían detrás del desfase presupuestario. La Diputación cifra en 20 millones la suma invertida ya en el área empresarial. A incrementar el coste ha contribuido de forma decisiva la modificación del precio fijado para las expropiaciones. En un principio fue de 9 euros por metro cuadrado, pero finalmente se situó en 21. La Diputación ha recurrido la decisión del tribunal. Pero el BNG ya computa ese incremento del precio en ese déficit de diez millones de euros. Así, la partida de expropiaciones pasó de los 4,5 millones de euros a 11,5.

Desde la Diputación, el vicepresidente económico, José Manuel Figueroa, salió ayer el paso de las palabras de Mosquera. «Esto pasa en todas as Administracións e a mesma decisión do xustriprezo, ou máis alta ainda no prezo, ocurreu tamén cos terreos que expropia a señora Táboas -asegura Figueroa en referencia a la conselleira de Vivenda- en diversos polígonos da provincia, só que o señor Mosquera só se alegra no caso da Deputación».

Al desfase en la expropiación suman los nacionalistas el coste del abastecimiento. Llevar el agua a Barro-Meis cuesta 3,3 millones. La Diputación asume dos. Pero César Mosquera defiende que los costes se podrían haber abaratado si el polígono hubiese sido transferido al Intituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Vivenda, en manos del BNG en la Xunta.

«A Deputación puido deixar Barro-Meis en mans da Xunta, con moitísima máis experiencia na xestión de chan industrial, pero non o fixo por esa directriz do PP de empregar a Deputación de Pontevedra como ariete», dice César Mosquera, que sostiene que en su día sí estuvo justificado el impulso del área industrial desde la instrucción provincial ante la negativa de la anterior Xunta del PP.

Sin embargo, para el Partido Popular, detrás de las acusaciones del BNG se esconde otra intención. «Mosquera vai con oito meses de retraso e saca agora o recurso que presentamos ante o TSXG en xullo para desviar a atención da nefasta xestión do Concello de Pontevedra que lle debe a proveedores, fixa consignacións que non esisten, ten débedas coas empresas e debe á Deputación 3 millóns de euros polas certificacións de Pasarón», arremetió ayer Figueroa, quien dice que si el Concello de Pontevedra pagase esa cantidad, ya se cubriría el 30% del déficit denunciado en Barro-Meis.