Sin casa pero con todo el dinero de la expropiación en su cuenta bancaria. La familia Soto-Outón confirmó ayer que dos días después de hacer público su caso recibieron una llamada. «El tema salió en los medios el 18 de noviembre y el 20 nos llamaron para decirnos que la transferencia con el dinero se hacía ese día. Y el 22 ya lo teníamos», comentó Isabel Outón desde el terreno que hasta hace solo unas jornadas ocupaba la que fue su vivienda durante los últimos diez años.

Ayer por la tarde esta mujer y otros allegados se desplazaron al solar ubicado en el número 10 del lugar Estación de A Portela, en Barro. La casa ya fue derribada por la empresa Sacyr, adjudicataria del tramo Cerponzóns-Portela del Eje Atlántico de Alta Velocidad. La familia acudió para recoger los árboles que daban sombra a la finca y que se usarán para hacer leña con ellos.

Isabel admitió que está contenta por la rápida resolución del conflicto, pero apuntó que es complicado enfrentarse a la nueva imagen que ofrece la finca: «El golpe es duro. Me da pena ver que en la casa en la que vivimos durante diez años hay ahora una máquina bulldozer. Son muchos recuerdos, pero la vida es así…».

La familia tuvo palabras de agredecimiento para los trabajadores de la empresa constructora. «Vinieron a hablar con nosotros y a preguntarnos cuánto tiempo necesitábamos para desalojar la casa. Les dijimos que con el fin de semana nos llegaba». Isabel desveló ayer que en circunstancias como esta todavía hay gente que se aprovecha de la situación. «Como esto estaba abierto, algún sinvergüenza vino y se llevó cosas que todavía no habíamos retirado como unas bombonas o un caballo que presidía el portalón de entrada. Sabemos que no es achacable a la empresa, pero es triste que alguien se aproveche de esta situación», subrayó.

La vivienda de los Soto-Outón y sus dos hijos pequeños fue expropiada el 15 de noviembre del 2007 al verse afectada por las obras del AVE. El Gobierno central se había comprometido a ingresar el dinero el pasado marzo, pero no pudo ser por problemas administrativos. El 60% de la indemnización, que es de 190.000 euros, se abonó el 1 de julio, pero para cobrar el resto se vieron obligados a difundir su caso.

Fue lo peor de la situación porque desde el 13 de agosto convivieron con la amenaza de la piqueta a escasos metros de la casa y temieron por la integridad de la familia. La ley de expropiación obliga a abonar el 100% del dinero para que se pueda ocupar una propiedad. A eso se agarró hasta el final esta pareja, que tenía asumido que tenía que irse de su casa, pero no sin su dinero. Además de acudir a los medios de comunicación, no les quedó otra salida que presentar una reclamación en el Juzgado de Caldas solicitando la paralización de las obras.

Para ellos estas serán unas Navidades difíciles de digerir. El dinero de la expropiación lo emplearon en comprarse una nueva vivienda de madera a escasos cinco kilómetros de la anterior. Suerte en su nueva vida.