La Subdelegación del Gobierno había anunciado sanciones tras el corte de tráfico en A Barca y ayer comenzaron a llegar a los domicilios de los afectados. Así, Manuel Corredoira, presidente de la plataforma vecinal que se opone al desdoblamiento de la PO-531, recibió un aviso de que se tramita una sanción contra él de 3.000 euros.

La Subdelegación del Gobierno sostiene que Corredoira daba instrucciones en la manifestación vecinal que provocó el corte en el nudo de A Barca el pasado día 1, el cuarto de los protagonizados por el colectivo. Asegura además que el presidente de la plataforma era quien disponía el principio y el fin de la interrupción.

Corredoira se mostró ayer sorprendido por la decisión de la Subdelegación y señaló que responde a una denuncia de la Guardia Civil. El líder vecinal señaló que se mantuvo «apartado» del corte y que solo intervino para apaciguar ánimos cuando un guardia civil se metió en medio de los vecinos y se vivieron momentos de tensión.

«Non é certo o que di a Subdelegación», indicó el presidente de la plataforma PO-531, quien había ofrecido su nombre y su carné de identidad, así como su teléfono a las Fuerzas de Seguridad tras intervenir para calmar a los vecinos en un momento en el que la tensión con las Fuerzas de Seguridad amenazaba con derivar en enfrentamientos físicos.

Las acusaciones están contenidas en varios folios en los que se cifra en 300 personas los participantes en el corte y se señala que se produjeron retenciones que afectaron a la AP-9 (con problemas de salida en el nudo de A Barca), así como a las avenidas del Uruguay y de Buenos Aires. También se señala que se vio afectada la calle Domingo Fontán y el acceso a Pontevedra, desde Poio y la carretera de Sanxenxo, que pudo efectuarse por la AP-9.

Recurso y entrevista

Corredoira anunció ayer que redactará sus alegaciones en los próximos días y que solicitará una entrevista al subdelegado del Gobierno para abordar este asunto. El líder vecinal, que ayer acudió a la Subdelegación para dar cuenta de la suspensión de movilizaciones tras conceder los vecinos una tregua a la espera de la reforma del proyecto inicial, subrayó igualmente que en la manifestación de Curro había intervenido decisivamente en contra del corte de la carretera.

En base a estos antecedentes, dijo que no entendía la decisión de tramitar una sanción de 3.000 euros cuando por los incidentes sufridos por el alcalde de Poio, tras el polémico pleno de los realojos, se propusieron sanciones de 1.500.