El máximo dirigente de la plataforma vecinal que se opone al desdoblamiento de la PO-531 no quiere que las protestas se realicen al margen de la legalidad. Manuel Corredoira amenaza con abandonar la presidencia de la entidad si no se cumple con el requisito de la comunicación previa.

El presidente de la plataforma ya amenazó con dimitir después de que algunos de los manifestantes planteasen cortar el tráfico en Curro el pasado viernes. Solo unas horas antes, el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, había advertido que habría sanciones de 3.000 euros para los manifestantes que fuesen identificados protagonizando cortes de tráfico. A lo largo del fin de semana, varios vecinos llamaron a Corredoira o se trasladaron a su domicilio para pedirle que siguiese al frente de la plataforma vecinal. Ayer, a lo largo de toda la jornada, seguían los contactos. A la hora de redactar esta información, el presidente de la plataforma parecía inclinarse por seguir al frente de la entidad, si bien no se espera que haya decisión definitiva hasta hoy por la tarde. Corredoira exigirá, en todo caso, que se cumpla con la obligación legal de comunicar a la Subdelegación del Gobierno cualquier manifestación en la carretera o en otro lugar antes de que se realice y con los plazos que marca la normativa en vigor. Una vez recibida esta comunicación, la Subdelegación puede prohibirla -si se considera que responde a un fin ilícito- o variar su recorrido. Puede incluso ordenar cortes o desvíos de tráfico pata que la protesta discurra pacíficamente por una determinada vía. Corredoira señala además que Política Territorial debe aportar soluciones y no reducir el problema exclusivamente a un asunto de orden público antes de que el conflicto pueda agravarse. De momento, el líder de la plataforma asegura que esta entidad ha suspendido cualquier concentración para hoy y que, si se produce, será protagonizada por otro colectivo. Inicialmente, los vecinos habían decidido realizar protestas todos los martes y viernes.