Los afectados por el proyecto de ampliación de la carretera PO-531, que comunica las ciudades de Pontevedra y Vilagarcía, acompañarán en una “visita guiada” a la delegada provincial de Política Territorial, María Isabel Domínguez, para que conozca “in situ” el impacto real de la obra y los graves perjuicios que les ocasionaría.
“Ella misma nos comentó que hay cosas que están mal en el proyecto y que quiere tener una idea exacta, así que vamos a confiar un poco y la acompañaremos por el trazado previsto”, explicó ayer el presidente de la Plataforma de afectados, Fernando Moledo, al finalizar la asamblea que reunió en la Casa da Cultura de Campañó a más de 200 afectados de distintas parroquias de los municipios de Pontevedra y Barro.
Los vecinos levantarán acta de esta visita guiada de la que esperan una respuesta-balance de la responsable provincial de Política Territorial, que conlleve además un cambio de planteamiento.
“Le vamos a dar (a María Isabel Domínguez) un pequeño margen de confianza para que la delegada nos conteste” indicó el portavoz vecinal, lo que se va a traducir en principio en un aplazamiento de la manifestación prevista para el día 9 de febrero.
Tiempo contado
En cualquier caso, aclara Fernando Moledo, “no vamos a esperar mucho tiempo, desde luego no vamos a esperar quince o diez días, ni para que la delegada realice la visita ni para que nos dé una respuesta”.
Los afectados por la ampliación de la carretera PO-531 recuerdan que su postura está clara: “Queremos que retiren definitivamente el proyecto”, y así lo expondrán en Santiago, en la calle o en donde haga falta. “Si no hay visita, si no hay respuesta en los próximos días, no habrá cuartel”, señaló ayer el portavoz de los vecinos.
La Plataforma de afectados por la remodelación de la PO-531 sostienen que son alrededor de 500 las personas directamente afectadas por la obra, alrededor de 70 casas (a 12 se les lleva el trazado por delante), así como fincas de labradío y zonas de tránsito agrícola.

Buscan apoyos para forzar la retirada del proyecto
Convencidos de que la razón está de su parte, los afectados por la obra de ampliación de la PO-531buscan apoyos explícitos con la finalidad de forzar a los responsables de la Consellería de Política Territorial a que asuman su planteamiento y retiren el proyecto.
Tal como explicaba ayer el vicepresidente de la Plataforma de afectados, pedirán a los concellos de Pontevedra y Barro que presenten alegaciones contra el proyecto -“el consenso ya existe en este caso”, apunta Moledo- y la implicación de la Cámara de Comercio de Pontevedra, ya que hay decenas de negocios perjudicados por la obra. Estos pronunciamientos se sumarán a las iniciativas de índole institucional, administrativo o reivindicativo que pongan en marcha para frenar el proyecto.
También harán un llamamiento a todos los pontevedreses y arousanos que cada día utilizan esta vía de comunicación para ir a trabajar, a estudiar o de compras. Todos ellos ya visualizan la oposición al proyecto de los vecinos y propietarios de ambos márgenes de la carretera, en donde han instalado cruces y carteles en contra de la obra.
Seguridad vial
La delegada de Política Territorial, María Isabel Domínguez, justificó ante los afectados de la PO-531 la necesidad de “hacer algo” en esta carretera para “mejorar la seguridad vial”, aunque según indican los perjudicados ella les aseguró que el proyecto está abierto a negociación. “Nos dijo que era un trazado de los técnicos a grosso modo que hay que perfilar”.